El traslado a la cárcel preventiva de Ciudad Nueva de siete exfuncionarios del pasado gobierno de Danilo Medina y otras 12 personas arrestadas en la operación Calamar, puesta en marcha ayer por el ministerio público, cambió la rutina del Palacio de Justicia del Distrito Nacional durante el fin de semana.
Un movimiento inusual imperó allí, aunque similar a cuando se produjeron otros arrestos de exfuncionarios del pasado gobierno, mediante operaciones para desmantelar presuntas redes de corrupción administrativa.
Una constante entrada y salida de abogados y familiares de los detenidos en la cárcel preventiva fue el ambiente que se observó este domingo, día que por lo general no frecuentan muchas personas a ese Palacio de Justicia, porque solo funciona el tribunal de atención permanente y se conocen pocas medidas de coerción. La preocupación y tristeza de parientes era notoria, pero de parte de ellos no hubo declaraciones, sino de algunos abogados.
Desde las primeras horas de la mañana, parientes de los detenidos acudieron con fundas y bolsos en manos, para llevar principalmente artículos de aseo personal, preguntar por sus familiares o por las cosas que les pueden llevar.
Con frecuencia, abogados ingresaban y salían de la cárcel, ubicada en el cuarto nivel de la edificación, sin dar muchos detalles sobre las imputaciones individuales de sus clientes, a espera que el ministerio público presente la solicitud de medida de coerción.
Según un comunicado enviado por la Procuraduría, mediante allanamientos realizados el sábado en la noche por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), fueron arrestados el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; el exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta; el exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; el ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
También fueron apresados Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación y Ana Linda Fernández.
Más tarde, acudieron a la Procuraduría el abogado Ángel Lockward y el señor Miguel David Hernández, quienes fueron arrestados y trasladados a la preventiva del Palacio de Justicia.
Acusaciones
Asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno, financiamiento ilícito de campaña y lavado de activos son los delitos imputados a este grupo, vinculado presuntamente al pago irregular de expropiaciones de inmuebles a través de Hacienda, durante la gestión de Guerrero.
La Procuraduría informó que la operación implicó 40 allanamientos ejecutados en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana, en los que participaron 40 fiscales, decenas de técnicos de diferentes unidades de investigación, 300 miembros de la Policía Nacional y un amplio equipo de apoyo administrativo.
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